Blog del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

El Tribunal Supremo determina el carácter laboral de las contrataciones de técnicos de los convenios con Diputación

Nuestro asesor laboral, José Molina Sario, nos remite esta nota informativa sobre las sentencias recientes del Tribunal Supremo, en las que se determina el carácter laboral de las contrataciones de técnicos efectuadas como arrendamiento de servicios por los ayuntamientos y corporaciones locales suscritos a los antiguos convenios con Diputación de Valencia.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos sentencias recientes, determinando la laboralidad de las prestaciones de servicios realizadas con los ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes, al amparo de los convenios de la Diputación y ayuntamientos.

La Diputación de Valencia suscribió, hace décadas, convenios de colaboración con 16 colegios profesionales, a fin de que los ayuntamientos de menor capacidad económica, de menos de 5.000 habitantes, que careciesen de personal técnico propio para ello, pudiesen atender las necesidades derivadas de las competencias de los mismos, mediante la contratación de aparejadores, arquitectos, ingenieros, topógrafos, etc.

Dentro del marco legal que fijaban los referidos convenios, los ayuntamientos que se acogiesen a los mismos formalizaban contratos de arrendamientos de servicios con los referidos profesionales, que prestaban sus servicios por un número determinado de horas a la semana.

Inspección de Trabajo consideraba que las referidas contrataciones tenían carácter laboral por darse las dos notas propias de esta; dependencia y ajenidad, por lo que realizó actuaciones en los ayuntamientos exigiendo el alta de los técnicos en el Régimen General de la Seguridad Social y las cotizaciones no prescritas en el mismo en el año 2016, con la comprobación en al menos 251 ayuntamientos de la provincia de Valencia, con carácter laboral, procediendo en consecuencia realizar las oportunas altas y cotizaciones a la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo, tras los oportunos recursos de casación para la unificación de doctrina, fija el criterio sobre la ilicitud de las contrataciones efectuadas como arrendamiento de servicios, determinando la laboralidad de las mismas.

Dicha situación aclara y regula las situaciones indicadas de las cotizaciones y regularizaciones hasta 2016 de los indicados técnicos, no teniendo constancia a fecha de hoy, de cómo se va a actuar por los ayuntamientos y las corporaciones locales, para regularizar las situaciones a posteriori.

José Molina Sario

Asesor laboral CAATIE Valencia

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