Con las licencias a cuestas
“Los aparejadores reiteran su oferta para colaborar en la agilización de licencias” Con este titular, Levante EMV publicaba la información sobre nuestra propuesta de convenio al Ayuntamiento de Valencia. Muchos de vosotros os habéis interesado al respecto. Y sí, efectivamente: hemos ofrecido nuestra ayuda para contribuir al desatasco del proceso de concesión de licencias en el consistorio, que acumula retrasos de más de un año, tanto en obras como actividades. Desde el Colegio podemos desarrollar parte del trabajo y agilizar este proceso, contribuyendo tanto a la mejora de la actividad de nuestros profesionales como a la dinamización, no solo de la actividad constructiva sino también de las muy variadas actividades económicas que pueden ser objeto de licencia de actividad, lo que obviamente repercutiría en el progreso de la economía valenciana y el conjunto de la sociedad.
Empezamos a trabajar con el Ayuntamiento el pasado otoño. Las conversaciones derivaron en un borrador de convenio que presentamos al consistorio en octubre. Básicamente, ofrecemos desarrollar un servicio de visado de idoneidad técnica, que se ocupara de la verificación técnica y documental de la documentación requerida en la tramitación de licencia municipal, declaración responsable o comunicación previa. En concreto se revisaría la suficiencia documental, corrección formal y cumplimiento de normativa técnica de aplicación, agilizando considerablemente la tramitación.
El borrador del convenio contempla igualmente la unificación de criterios técnicos interpretativos, tan necesaria en la tramitación de licencias y especialmente en actividades. Y propone soluciones y herramientas para el desarrollo eficaz de la colaboración.
Nuestra propuesta viene avalada por la Ley Ómnibus (Ley 25/2009), que reconoce a las administraciones públicas la capacidad para establecer con los colegios profesionales convenios o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales. También por la Ley 6/1997, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad Valenciana, que establece que los colegios profesionales pueden ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las administraciones valencianas, que puedan serles solicitadas o que acuerden formular por propia iniciativa.
Y en medio de nuestras conversaciones, se publica la Ley 1/2019 de modificación de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, la llamada nueva LOTUP, que viene a refrendar específicamente esta colaboración.
Esta ley establece en su disposición adicional novena que “los ayuntamientos podrán ejercer las funciones en materia urbanística a que se refiere este precepto a través de entidades colaboradoras de la administración, o de los distintos colegios profesionales en relación a las competencias específicas que sus colegiados ostenten, de acuerdo con la Ley 38/1999, de ordenación de la edificación”.
Concretamente, la ley reconoce potestad a las entidades colaboradoras o a los colegios profesionales para:
a) Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación correspondiente a la licencia o declaración responsable exigidos por la normativa aplicable.
b) Acreditar que los proyectos y la documentación técnica cumplen las previsiones y la normativa aplicable.
c) Emitir informes sobre la adecuación de las obras a la licencia otorgada durante el proceso de ejecución de estas.
d) Emitir el informe técnico de conformidad de las obras ejecutadas a efectos de la declaración responsable de licencia o de primera ocupación.
Es decir, la nueva LOTUP avala completamente nuestra propuesta. Es cierto que deja para un desarrollo reglamentario posterior la regulación del sistema de habilitación, funcionamiento y registro de las entidades colaboradoras. Pero de esas entidades, que no están definidas por la ley, no de los colegios profesionales, que ya son, en sí mismos, corporaciones de derecho público, independientes y especializadas. Esperar a este desarrollo, tal como indicaba la concejalía de Desarrollo Urbano a Las Provincias, no tiene, en nuestra opinión, mucho sentido, pues, insistimos, no se refiere a los colegios profesionales, completamente regulados y consolidados, sino a estas nuevas entidades de características por ahora indefinidas que deben, efectivamente, ser objeto de regulación.
Seguimos por tanto demandando una respuesta por parte de la corporación municipal. Creemos que podemos reducir los plazos en torno al 80%. Sería un gran avance. Ofrecemos nuestra colaboración en beneficio de toda la ciudad que, tras casi una década de estancamiento, actualmente está en plena recepción de inversiones que necesitan una respuesta ágil. Proponemos soluciones que esperamos que sean consideradas. En beneficio de todos. Dicen que las cosas de palacio van despacio. Nosotros, que somos más de obra que de palacio, tan escrupulosos con los plazos como buenos arquitectos técnicos, estas dilaciones se nos hacen eternas. Pero seguimos trabajando en ello. Continuamos con las licencias a cuestas. Os informaremos de nuestros avances.
Vicente Terol Orero
Presidente de CAATIE Valencia
